Este libro del profesor Alan R. Brewer-Car as sobre la actividad administrativa, la actividad de gobierno y el poder discrecional, recoge tres estudios escritos en diferentes pocas, con ocasi n de Ponencias presentadas en Congresos y Jornadas jur dicas, siempre reelaborando el tema, en aproximaciones sucesivas, y que fueron publicados dispersamente en Revistas y Obras colectivas.
Trata por una parte de la actividad administrativa, que es el objeto esencial de regulaci n del derecho administrativo, es decir, la actividad que desarrollan los rganos y entes de la Administracion P blica, generalmente en ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado y en la mayor a de los casos, en ejercicio de la funci n administrativa del mismo, al cumplir las competencias que el ordenamiento les asigna para gestionar el inter s general en nombre de la colectividad, entrando as , con ello, en relaci n con los particulares o administrados.
Esa actividad, en todo caso, est siempre sometida al derecho, es decir, al principio de la legalidad, de manera que el funcionario que la realiza siempre debe actuar en ejercicio de competencias preestablecidas que le son legalmente asignadas, as se trate de los casos en los cuales la ley le deje al funcionario cierta libertad para actuar en lo que se considera como actividad discrecional; y como todas las actividades del Estado, est sometida a control judicial, en particular por los rganos de la Jurisdicci n Contencioso Administrativa.
El estudio de dicha actividad administrativa, por lo dem s, manifestada entre muchos otros, a trav s de la emisi n de actos administrativos requiere, entre otros aspectos, de una delimitaci n precisa respecto de la otra actividad que realizan los rganos que ejercen el Poder Ejecutivo, que es la actividad de gobierno, y que se manifiesta a trav s de la emisi n de actos de gobierno. La distinci n entre una actuaci n y otra, como se destaca en estos estudios, contribuye, por una parte, a aislar adecuadamente la actividad administrativa, sometida al control judicial de la Jurisdicci n Contencioso Administrativa; y por la otra, a identificar con precisi n la acci n de gobierno, fuera de la acci n administrativa, pero no por ello est exenta de control judicial, que en ese caso le corresponde a la Jurisdicci n Constitucional.