La creciente demanda de ingreso en la función pública a través de oposiciones exige, cada vez más, una especial atención por parte de los órganos de control respecto a la actuación de los tribunales de oposiciones. Ello se debe al Estado Constitucional de Derecho, que consagra no sólo normas constitucionales, sino principalmente valores y principios fundamentales para la consecución de la finalidad administrativa pública. En este sentido, el estudio aborda los límites y posibilidades del control judicial en relación con la actuación de los tribunales de oposiciones, con especial atención a su mérito administrativo. La propuesta es ofrecer una reflexión sobre la actuación de los tribunales examinadores, así como sobre el papel y los objetivos del control judicial, en favor de la búsqueda de la garantía de los derechos individuales junto a los principios rectores de la administración pública.