Según la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Apátridas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, se entiende por "apátrida" toda persona a la que ningún Estado considere nacional suyo en virtud de su legislación. En la actualidad, al menos 10 millones de personas en todo el mundo están privadas de su nacionalidad. Como consecuencia, a menudo no tienen derecho a ir a la escuela, ver a un médico, tener un trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse. Los apátridas pueden tener dificultades para acceder a derechos básicos como la educación, la atención sanitaria, el empleo y la libertad de circulación. Quienes afirman ser apátridas deben demostrar que no tienen nacionalidad. La jurisprudencia especifica que no deben demostrar que no tienen "ninguna nacionalidad en el mundo", sino que no pueden reclamar la nacionalidad de los Estados pertinentes para el solicitante. Esto se refiere principalmente al país en el que nació, en el que viven sus familiares, en el que ha permanecido o en el que ha tenido su residencia.