En el marco del GP, se hace hincapié en la dignidad humana de la mujer, sin duda en todos los aspectos de la vida. Se subraya aún más cuando el aborto, que se produce y se lleva a cabo en condiciones peligrosas, se presenta como un importante problema de salud pública. Así, el Estado debe reducir al máximo la mortalidad infantil para que el número de nacimientos reales se corresponda aproximadamente con el número de nacimientos deseados. Sería entonces obligación del Estado explicar y facilitar el uso de anticonceptivos para evitar los inconvenientes de la explotación por parte de charlatanes y fetichistas sin escrúpulos. Por lo tanto, parece evidente que intervenir en el ámbito del aborto médico, tal y como prevé el legislador del PM, es una oportunidad para que el legislador congoleño actúe en beneficio del interés superior del niño y ayude a la vida de estas mujeres víctimas, que no sólo tienen hijos no deseados, sino, lo que es más grave, cuando los actos que generan estos embarazos impiden a sus víctimas tener un futuro mejor y atentan contra su honor, su dignidad e incluso su derecho a la vida.