La Ley de la República 7722 obliga a las instituciones de enseñanza superior a responder al llamamiento a la transformación social. Este mandato está orientado a servir a los más pobres entre los pobres, los menos privilegiados, los desposeídos y los oprimidos, como se cita en Elman (1998). Bidad y Camposano (2010) estudiaron los servicios de extensión comunitaria de los SUC en la IX Región. Creen que el programa de extensión comunitaria ofrecido por los SUC impulsará principalmente la seguridad de los medios de vida, aliviará el sufrimiento, reducirá el analfabetismo, mejorará la salud y la nutrición, creará un sistema de gobernanza que promoverá, apoyará y sostendrá el desarrollo humano y protegerá y preservará el medio ambiente. Además, avanzan que los programas ayudarán a los pobres potenciando sus mentes, su cuerpo y sus recursos, para aumentar su voz y harán que el gobierno esté en sintonía con sus necesidades, aspiraciones que acabarán creando una mejor participación. Estos esfuerzos de empoderamiento, según ellos, permitirán que la buena gobernanza aumente la oportunidad de participar en la toma de decisiones, la creación de instituciones y la vida social.