La Convenci n Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marca el punto de no retorno en aspectos de normalizaci n, integraci n e inclusi n de cualquier persona independientemente de sus capacidades. La protecci n de las personas que, como se ala el art culo 200 de C digo Civil espa ol, no pueden gobernarse por s mismas debido a las consecuencias persistentes de alguna enfermedad car cter f sico o ps quico, no tiene que garantizarse mediante la incapacitaci n y la tutela, sino mediante una pol tica de apoyos capaces de compensar esas deficiencias. Desde esta perspectiva, el estudio hace un recorrido por las legislaciones de diferentes pa ses en materia de tutela, para ver c mo se est aplicando la citada Convenci n. La creaci n de servicios basados en la cooperaci n p blico-privada, mediante un partenariado real, y la elaboraci n de medidas de apoyo, son los planteamientos que se plantean como respuesta a las actuales formas de garantizar la protecci n jur dica de las personas que debido a sus capacidades pueden encontrarse en situaci n de riesgo.