Esta obra del profesor Allan R. Brewer Carías es la continuación de su obra anterior: Dictadura Judicial y perversión del Estado de derecho. La Sala Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela, publicada en 2016 en Caracas (dos ediciones) y en Madrid en 2017; en la cual ha estudiado todas las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictadas desde los últimos meses de 2016 hasta el presente, mediante las cuales la misma terminó de aniquilar a la Asamblea Nacional, usurpando todas sus funciones parlamentarias, legislativas y de control. Mediante una serie sucesiva de sentencias, la Sala Constitucional llegó incluso a declarar no solo que todos los actos y actuaciones de la Asamblea Nacional dictadas desde enero de 2016 "carecen de validez, existencia y no producen efecto jurídico alguno" sino que igual situación abarcaría a todos los "actos o actuaciones que en el futuro dictare la Asamblea Nacional," cercenándose en definitiva el derecho más elemental del pueblo en un Estado de derecho, que es el de ejercer la soberanía mediante sus representantes. Entre todas las decisiones que analiza el autor para demostrar que lo que se instalado en Venezuela es una tiranía judicial, no sólo están aquellas mediante las cuales, por ejemplo, la Sala Constitucional asumió los poderes de la Asamblea Nacional en materia presupuestaria, incluso la sanción de la Ley de Presupuesto; y en materia de control para recibir en sustitución de la Asamblea la memoria y cuenta anual del Presidente de la República; sino las muy publicitadas y criticadas sentencias No. 155 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual, de un plumazo eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados y ordenó al Presidente de la República a gobernar violando abiertamente la Constitución, atribuyéndole inconstitucionalmente la potestad de legislar; y No. 156 de fecha 29 de marzo de 2017, mediante la cual la Sala Constitucional procedió a asumir "de pleno derecho" y ejercer de facto todas las competencias parlamentarias. La grave alteración del orden constitucional que produjeron estas sentencias, no sólo provocaron la reacción del Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, quién las las sentencias como un "auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional," sino incluso de la Fiscal General de la República, quien al redescubrir que había una Constitución que debía defender, las calificó como un grave "desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución," y "una ruptura del orden constitucional;" que el régimen no le perdonó, y por lo cual inició una acusación en su contra para removerla de su cargo, a pesar de que ello solo lo puede hacer la Asamblea Nacional conforme a la Constitución.