El presente libro es una recopilación de ensayos de diversos autores sobre el inicio del proceso de independencia y de construcción del Estado Constitucional en Venezuela y, en consecuencia, en toda la América Hispana, desarrollado entre 1810 y 1812, y en los cuales se refleja que el mismo fue un proceso que fue enteramente obra de civiles, y no de militares. En otras palabras, en el inicio del proceso de independencia y del diseño del Estado constitucional de nuestros países no hubo participación ni intervención militar alguna. El proceso fue enteramente obra de civiles, y de civiles bien ilustrados, formados en nuestras tierras, quienes armados con los principios del constitucionalismo moderno que venían de emanar de las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII, se pusieron a concebir un Estado constitucional moderno de las ruinas del régimen colonial español. Antes, ello sólo había ocurrido en la historia moderna, en los Estados Unidos de Norteamérica. Dichos próceres civiles fueron entonces quienes pusieron en marcha en abril de 1810, el proceso de la independencia de la América Hispana, lo que ocurrió incluso en las que habían sido de las Provincias más pobres del Continente, como eran las que conformaban la Capitanía General de Venezuela, en las cuales hasta 1808 ni siquiera había imprenta, y los libros prohibidos por la Inquisición, que eran todos los ilustrados y que sirvieron de inspiración para el diseño constitucional, solo penetraban y circulaban clandestinamente y de contrabando. Fueron por tanto los civiles miembros del Cabildo metropolitano de Caracas, quienes el 19 de abril de 1810 depusieron al Gobernador y Capitán General Vicente de Emparan; habiendo sido ellos mismos, junto con otros civiles incorporados de improviso, quienes se erigieron en Junta Suprema de Caracas conservadora de los derechos de Fernando VII, pero bien rápidamente para terminar estableciendo un nuevo gobierno civil independiente de España. Ello condujo a la convocatoria, en junio de 1810, de elecciones generales de diputados para integrar el Congreso General de las Provincias de Venezuela, el cual se instaló en marzo de 1811; y al cual correspondió sancionar sucesivamente una Declaración de Derechos del Pueblo el 1º de julio de 1811, que fue la primera emitida en el mundo después de las declaraciones norteamericana y francesa; la Independencia de Venezuela de España el 5 de julio de 1811, que fue la primera declaración de este tipo en toda la América española; y la Constitución federal de las Provincias Unidas de Venezuela del 21 de diciembre de 1811, que fue la primera de todas las Constituciones de América Latina, estableciendo un Estado constitucional moderno, antes, incluso de que las Cortes de Cádiz sancionaran el 19 de marzo de 1812, la Constitución de la Monarquía española