En 2012 la superficie forestada artificialmente de Uruguay se aproximó al millón de hectáreas, mientras que en 1985 no alcanzaba a las doscientas mil. Los cambios en el marco regulatorio del sector forestal aprobados a fines de 1987, constituyeron una pieza clave para impulsar la expansión de la masa boscosa y a partir de ella impulsar su industrialización, lo cual posibilitó una diversificación de la producción y de las exportaciones uruguayas. Sin embargo, en la actualidad, los acuerdos multilaterales en vigor imponen más limitaciones de las que estuvieron presentes cuando se diseñó y comenzó a implementarse la política forestal uruguaya. Tomando en cuenta esa realidad, este trabajo identifica las flexibilidades de "iure" y de "facto" que en el marco del Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) permitirían llevar a cabo una política industrial dirigida al desarrollo de nuevos sectores exportadores no agrícolas, utilizando los subsidios como uno de sus principales instrumentos.