La debilidad del sistema jurídico chino se debe, al menos en parte, a sus raíces confucianas. Esta doctrina sitúa al poder judicial en un segundo plano, de modo que la correcta aplicación de la ley depende de la voluntad del líder del Partido o de la administración. Así, la enmienda a la Constitución de la República Popular China aprobada por la primera sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional en marzo de 2018 abolió el límite de dos mandatos para el presidente. Como titular del poder público, la administración se encuentra en una posición de dominio. Mientras ambas partes mantengan este modo de relación, la imparcialidad de la justicia seguirá siendo una utopía. En resumen, desde la antigüedad hasta el presente, China nunca ha experimentado un verdadero Estado de Derecho. El triunfo del valor moral sobre el valor jurídico, el triunfo de la sanción moral sobre la sanción penal dominan el Reino Medio. El orden humano y el orden natural están demasiado estrechamente ligados. De ahí el desprecio por todo lo que ignore los vínculos particulares, por todo lo que permita la inducción, la deducción, el razonamiento sólo por ley y sobre la base de la igualdad.