Desde el 1 de enero de 2004, la responsabilidad de la Administración Pública ha quedado establecida en la legislación mexicana mediante una reforma del artículo 113, apartado 2, de la Constitución mexicana (ahora artículo 109, apartado 6), siguiendo el ejemplo de la legislación española. Esta reforma establece una responsabilidad objetiva y directa: la Administración es directamente responsable de los daños causados a las víctimas y no el agente público, que era el único responsable en el antiguo régimen de derecho privado del artículo 1927 del Código Civil Federal (derogado), donde la Administración era indirecta y subsidiariamente responsable de los daños. Sin embargo, el actual régimen de responsabilidad ha sido limitado por el legislador mexicano únicamente a la actividad administrativa irregular. Todo lo anterior lleva a una contradicción en el sistema por la aplicación de la culpa como elemento generador de responsabilidad (tradición civil), pero también por las imperfecciones de la integración del derecho español en la reforma de la Constitución mexicana.