La constitución del 18 de febrero de 2006 constitucionalizó la jurisdicción de los tribunales. En consecuencia, el juez administrativo congoleño ha recibido en el marco de sus competencias las relacionadas con el contencioso tributario, lo que le convierte en un actor principal en la resolución de los conflictos que surgen tras la toma de posesión por parte de la administración tributaria de los actos que pueden establecer y recuperar los impuestos. Desde el litigio objetivo completo hasta el procedimiento sumario fiscal, el juez administrativo congoleño garantiza, más allá del control de la legalidad fiscal, la sinceridad del resultado fiscal. En esta lógica, aparece claramente que las operaciones fiscales (establecimiento y recuperación) dan al juez administrativo entonces un papel contencioso mucho más activo en la búsqueda de solución con el fin de restablecer el equilibrio entre el contribuyente y el hombre.