Desde 2017, la legislación camerunesa sobre empresas públicas se ha alineado con la de la OHADA. Esto se hizo mediante la aplicación de una ley cuyo objetivo es fijar el estatuto general de estas empresas. El artículo 10 de esta ley de 12 de julio de 2017 estableció así el principio de que todas las empresas públicas camerunesas no solo son sociedades anónimas, sino que también están sujetas a las disposiciones del Acta Uniforme de la OHADA sobre el derecho de las sociedades mercantiles y las agrupaciones de interés económico. El mismo artículo también obliga a estas empresas a someterse a su legislación nacional a través de la citada ley. Seis años después, a pesar de los esfuerzos realizados por el legislador camerunés para adaptar las empresas públicas al derecho de la OHADA, las empresas públicas siguen bajo la influencia del derecho público en ciertos ámbitos. Esto se justifica por las misiones de rendimiento e interés general impuestas por el Estado. Esto demuestra que la sumisión de las empresas públicas al derecho de la OHADA por parte del derecho camerunés no es absoluta.