El progresivo sometimiento de la Administración Pública a la legalidad en los países latinoamericanos, originó el progresivo establecimiento de mecanismos judiciales de control de la actividad de la misma, abriendo paso en casi todos ellos, salvo en Argentina, Brasil y Chile, al establecimiento de una Jurisdicción Contencioso Administrativa siempre integrada en el Poder Judicial, así como a su regulación mediante leyes de lo contencioso administrativa. En el caso particular de Argentina y Brasil, por la influencia del derecho norteamericano, los jueces en general, al ser titulares del control judicial de las leyes y de las actuaciones de los órganos del Estado, ejercen el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración Pública en forma de justicia difusa. Latina. En este libro, el profesor Allan R. Brewer-Carías, nos presenta un estudio de derecho comparado sobre la justicia administrativa en los países de América Latina, elaborado con base en el estudio de las mencionadas leyes que se han dictado en el continente, específicamente en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; destacando así las diversas tendencias de evolución y configuración de lo contencioso administrativo, en los siguientes aspectos: en primer lugar, la tendencia a la especialización, lo que ha implicado su constitucionalización y codificación; en segundo lugar, la configuración de la misma como un sistema de justicia administrativa, a través de la progresiva ampliación de los procesos contencioso administrativos para garantizar la tutela judicial efectiva frente a la Administración, de la progresiva ampliación del concepto de Administración Pública y de la actuación administrativa, a los efectos de garantizar la tutela judicial efectiva, así como del reforzamiento del derecho constitucional de acceso a la justicia y la progresiva flexibilización de las tradicionales condiciones de legitimidad y de agotamiento de la vía administrativa para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa; en tercer lugar, la evolución del proceso contencioso administrativo contra los actos administrativos, y la ampliación de las pretensiones de condena y amparo, mediante la tendencia hacia la universalidad del control contencioso administrativo de todos los actos administrativos; en cuarto lugar, el desarrollo de otros procesos contencioso administrativos, dando lugar progresivamente a los procesos contencioso administrativos de las demandas de condena y reparación, de los contratos públicos; contra las vías de hecho y las actuaciones materiales de la Administración, de los servicios públicos, de los conflictos interadministrativos y de la interpretación de leyes; y en quinto y sexto lugar, los avances en las medidas cautelares y ejecución de sentencias en los procesos contencioso administrativos.