El derecho al ambiente sano es un derecho humano fundamental en la Constituci n de la Rep blica Bolivariana de Venezuela (1999), modificando sustancialmente todos los esquemas establecidos y vigentes desde la Constituci n de 1961, no s lo en lo pol tico y jur dico, sino en lo econ mico social y m s a n lo ambiental, representando una avanzada legislativa nacional. No obstante, a n se espera la reforma y actualizaci n de los procedimientos tanto sustantivos como adjetivos para emprender la ansiada protecci n ambiental que ha adelantado la jurisdicci n administrativa y penal, pero pendientes a n en materia civil. Sin embargo, esta protecci n puede invocarse con las instituciones procesales de las medidas preventivas innominadas plenamente establecidas en el C digo de Procedimiento Civil, s lo basta que el Juez conozca su efectividad y pueda decretarlas de conformidad con los par metros constitucionales del art culo 127 constitucional. El objetivo general de la presente investigaci n fue analizar la eficacia del decreto de las medidas cautelares innominadas en la protecci n del derecho al ambiente sano en Venezuela, concebidas en el C digo de Procedimiento Civil vigente.