La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 incluye la educación y la salud entre los derechos fundamentales. La educación está respaldada por las Directrices y Fundamentos de la Educación Nacional, y la salud por la Ley nº 8.080/1990, que creó el Sistema Único de Salud brasileño. Estos enunciados exigen recursos públicos humanos, materiales, físicos y financieros para la prestación de los servicios, de acuerdo con los elementos básicos necesarios para un estudio de costos centrado en la eficiencia, la eficacia y la economía, consagrados en las prerrogativas legales de carácter económico, financiero y fiscal. En conclusión, se concluye que es posible medir el monto de los recursos asignados a la educación en salud, con base en la PPA, incrementando el gasto de los recursos asignados por la entidad institucional a la carga anual de trabajo de las disciplinas. Permite demostrar la eficiencia, eficacia, costo-efectividad y transparencia del proceso, siendo una herramienta indispensable para los tomadores de decisiones de escasos recursos.