Una vez adjudicados los contratos públicos, los poderes adjudicadores se niegan a menudo a pagar a las empresas porque la administración pública está amparada por la inmunidad de ejecución y no puede imponer medidas coercitivas. Ante esta situación, que pone en dificultades a las empresas, las legislaciones camerunesa y de la OHADA han propuesto medios de eludir esta inmunidad para obligar a las autoridades a pagar. Pero estos medios de presión son insuficientes. Ello conducirá a una mejora del estado de estas legislaciones.