Los derechos y libertades fundamentales garantizados constitucionalmente son sagrados, pero esto no significa que sean absolutos. Su restricción o limitación por razones de protección del orden público y primacía del interés general está sujeta al control de proporcionalidad por parte del tribunal. El control de proporcionalidad del tribunal puede ser de alta o baja intensidad, basado en la interpretación del contenido normativo de los derechos y libertades fundamentales. Si este poder de interpretación resulta de la imprecisión de los derechos y libertades fundamentales, parece favorecer el aumento de poder del juez, en su calidad de auténtico intérprete de la norma y del contenido normativo de los derechos y libertades. Esto es aún más cierto para el tribunal constitucional, que es el garante de la norma fundamental que es la Constitución, que afirma estos derechos y libertades. De ahí surge el temor a un gobierno de jueces. Sin embargo, este temor puede disiparse perfeccionando los elementos jurídicos y los vicios de procedimiento en el control por el juez de la proporcionalidad de las restricciones a los derechos y libertades fundamentales.