La contratación pública representa actualmente una parte importante de nuestros presupuestos nacionales. Este presupuesto, hay que recordarlo, se compone en parte de recursos fiscales, que a su vez se nutren de las aportaciones de los ciudadanos en forma de impuestos, IVA, etc. Parece, pues, que la contratación pública requiere una atención especial por parte de los ciudadanos, ya que son ellos quienes financian en parte, aunque sea indirectamente, las adquisiciones de obras, suministros y servicios de su Estado. En este sentido, es legítimo que los ciudadanos exijan que se respeten las normas de transparencia cuando deban comprometerse recursos públicos con fines de contratación pública. Acogida a bombo y platillo por las autoridades comunitarias en el momento de su introducción, la transparencia, principio transpuesto por Senegal y Togo para sanear el sector de la contratación pública, se ha topado sin embargo con prácticas que, como mínimo, pueden calificarse de desviadas. Estas prácticas se abordarán sucesivamente a través de los procedimientos de adjudicación y los mecanismos de control, en un contexto de recomendaciones.